(Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012) - El “Protocolo Interinstitucional para el acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos – Protección de Derechos” fue aprobado por Acuerdo Nº 2734 el 31 de octubre. Contiene lineamientos específicos con carácter obligatorio que todos los profesionales pertenecientes al Poder Judicial y a distintos organismos del Poder Ejecutivo involucrados en la atención y protección de niños/as deben seguir al momento de abordar a un niño/a víctima o testigo de delitos. El protocolo incluye las distintas instancias de actuación: recepción de la denuncia inicial, examen médico, atención inmediata, entrevista de declaración testimonial, entre otras. También establece la articulación necesaria entre las distintas áreas que intervienen.
El documento es producto del trabajo en conjunto de distintos profesionales pertenecientes a diversas áreas del Poder Judicial y de los organismos del Poder Ejecutivo de la provincia involucrados en la protección y atención de niños/as víctimas con la coordinación y el apoyo técnico de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y UNICEF y profesionales de distintas disciplinas expertos en la temática de abuso sexual infantil.
El Protocolo ya se encuentra en vigencia para todos los magistrados, funcionarios y operadores del Poder Judicial. Sin embargo, aún se aguarda la aprobación del Poder Ejecutivo para que el documento también sea de aplicación obligatoria para los funcionarios y operadores de los organismos del Poder Ejecutivo involucrados en la atención de estos casos.
La complejidad que supone el trabajo con niños/as que han sufrido situaciones tan traumáticas y la complicación que reside en que necesariamente intervienen en estos casos una multiplicidad de actores pertenecientes a distintas disciplinas hacen que muchas veces la normativa aplicable a la protección del niño/a en la práctica se vea afectada. En este sentido, el mencionado Protocolo significará un cambio sustancial en el abordaje y el acceso a la justicia de niños/as y adolescentes víctimas y testigos de delitos ya que establece las pautas necesarias para lograr una actuación coordinada e interdisciplinaria entre los distintos actores y organismos con el objetivo de mejorar las condiciones y la calidad de la atención protegiendo de manera integral los derechos del niño/a y evitando su revictimización, a la vez que contribuye a la obtención de pruebas válidas para el proceso judicial.
Grupo de trabajo local para la elaboración del Protocolo
La creación de los “Grupos de trabajo local” fue acordada por ADC, UNICEF y el Tribunal Superior de Formosa durante los primeros meses del año 2011.
El Grupo estuvo integrado por representantes del Poder Judicial (Asesor de menores, Fiscales penales, Defensor de Pobres y Ausentes, Cuerpo Médico Forense (Médicos y psicólogas forenses), Juzgados de Instrucción penal, Cámara Criminal, Oficina de violencia intrafamiliar); y por representantes del Ministerio de la Comunidad (Subsecretaria de Niñez y Familia y Dirección de Niñez y adolescencia), miembros de la Policía, del Ministerio de Desarrollo Humano (la Jefa de Salud Mental y la Directora de prestaciones de salud) y del Ministerio de Cultura y Educación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos – (Ministerio Secretaría General) y del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.
La elaboración del Protocolo se realizó a través de un proceso de revisión participativo que contó con la presencia de los integrantes del Grupo de trabajo local y representantes de ADC, UNICEF y expertos en la temática que acompañaron el trabajo realizado por el Grupo y sus coordinadores. Durante esas reuniones, se intercambiaron experiencias y opiniones y se discutió sobre la información relativa al funcionamiento del sistema y procedimiento actual, se delineó la estructura y los principios generales del Protocolo, y se fue elaborando el contenido del documento que luego fue sistematizado por los coordinadores del Grupo.
Antecedentes del proyecto
Desde 2009 se vienen realizando importantes avances en distintas provincias principalmente del norte de nuestro país para instrumentar medidas especiales de protección de los/as niños/as o adolescentes que fueron víctimas y testigos de delitos. Estas medidas buscan reducir el trauma y la revictimización producida como resultado de una actuación inadecuada por parte de los órganos del Estado. En este contexto se incluye la incorporación de psicólogas/os y la instalación de cámaras Gesell con equipo de video-grabación para la realización y registro de la entrevista de declaración testimonial.
A pesar de la relevancia de estos avances, aún quedan por revisar múltiples aspectos del procedimiento y del abordaje que reciben estas víctimas, desde la recepción de la denuncia inicial en la comisaría hasta la asistencia y seguimiento posteriores, incluyendo el examen médico, la atención inmediata, la entrevista testimonial, entre otros.
Para ayudar a revertir esta situación y adecuar la atención de los/as niños/as víctimas a los estándares internacionales establecidos en diversos instrumentos internacionales, ADC y UNICEF trabajan en colaboración con los distintos poderes judiciales provinciales y distintos organismos de los poderes ejecutivos desde 2009. En este contexto se realizaron acciones de capacitación y sensibilización, relevamiento de información y se difundió la “ Guía de buenas prácticas para el abordaje judicial de niños/as y adolescentes víctimas y testigos” y se conformaron Grupos de trabajo en las provincias de Formosa, Tucumán y Jujuy que trabajaron en la elaboración de un Protocolo unificado e integral de actuación para cada provincia.
Este proyecto de ADC y UNICEF se está desarrollando en varios puntos del país. |
Volver
